“Propondré la conformación de una comisión especial para investigar el trafico de armas” escribió Gillermo Gallegos en twitter
Guillermo Gallegos, dijo que el próximo lunes propondrá a la Asamblea Legislativa la conformación de una comisión especial que investigue el paradero de las armas que fueron cambiadas por la empresa Centrum y el Ministerio de Defensa, y por lo cual anoche fueron detenidos dos exministros de Defensa, el expresidente de Arena, y dos empresarios más.
«Eso sí vale la pena investigarlo», dijo Gallegos.
Los implicados son José Atilio Benítez Parada, ex viceministro y exministro de Defensa, durante la administración del expresidente Mauricio Funes, acusado por peculado; David Munguía Payés, exministro de Defensa también de la administración Funes (2009-2014), acusado de peculado, actos arbitrarios y falsedad documental agravada.
En la acusación están procesados además los particulares, Carlos Gustavo López Davidson, expresidente del Coena; y Héctor Abel Herrera Mejía, acusados de peculado, en su calidad de cómplices necesarios. Además, se ha girado orden de captura en contra de Manuel de Jesús Romero por el delito de peculado, en su calidad de cómplice necesario y por falsedad documental agravada.
Según el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, los acusados estafaron al Estado por $2 millones. “Según investigaciones, el ex presidente de ARENA, Gustavo López Davidson, forma parte de una red a la que pertenecían ex funcionarios de Defensa y que se dedicaba a sacar lucro personal a costa de las arcas del Estado”, señaló Rivas anoche, durante la presentación de los reos.
La permuta movilizó un total de 14,930 armas de fuego «armas que no sabemos el destino, armas que no sabemos para qué se utilizaron», dijo. En tal sentido, Gallegos propondrá que el paradero del armamento sea investigado por sus colegas diputados.
«La población debe tener claro que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele no descansará hasta que quienes hayan obrado en contra de los salvadoreños paguen por sus delitos», advirtió Rivas. Agregó que los acusados tenían peritos que colocaban «un costo risible» a las armas, que iban de $30 a $50.
