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Piloto del expresidente Mauricio Funes se quedaba con una comisión cada vez que sacaba dinero del país

Poco más de un año ha pasado [febrero de 2020] desde que autoridades chilenas reportaron la fuga de Luis Miguel Ángel García García, un militar salvadoreño con grado de capitán de la Fuerza Aérea que fue piloto presidencial en el gobierno del expresidente prófugo Mauricio Funes [2009-2014].

García estaba en arresto domiciliar en Chile junto a su esposa, Rosa López, a la espera de ser extraditado a tierras salvadoreñas donde es acusado y procesado como reo ausente en el caso denominado «Saqueo Público» en el cual la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Funes de haber desviado $351 millones de la Presidencia a cuentas de terceros para gastos personales, viajes de placer, cirugías plásticas, compra de propiedades, vehículos, armas, joyas y artículos de lujo.

Tras saberse de su fuga, la Fiscalía detalló que «La Dirección de Asuntos Internacionales de Chile nos informó que Luis Miguel Ángel García y su esposa Rosa López de García se fugaron del arresto domiciliar impuesto. Una vez confirmada la sentencia de extradición, la Fiscalía chilena solicitó que se modificara el régimen cautelar por uno más gravoso, pero no llegaron a la audiencia»

Unos días previos a la fuga, el fiscal general, Raúl Melara, reveló detalles de la forma en cómo García se asoció con Funes. «Era uno de los pilotos que volaba con el expresidente Funes y tenemos determinado que lo que hacía era que, cuando sacaban dinero del país él se quedaba con una comisión. Él fue detenido en Chile y ya está aprobada su extradición por parte del gobierno chileno y esperamos tenerlo a la brevedad en el país», dijo Melara en febrero de 2020 sobre la repatriación del piloto.

En esa misma ocasión también se refirió a la repatriación de Juan Carlos Guzmán Berdugo [padre de Michelle Guzmán, «Michy», pareja sentimental de Funes] quien fue arrestado en Costa Rica y que también está vinculado en este caso. Guzmán Berdugo podría ser extraditado el próximo mes.

Tanto García como su esposa son acusados por la Fiscalía de lavado de dinero y de activos. En octubre de 2018 fuentes judiciales dieron a conocer que el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador había remitido la documentación a la Corte Suprema de Justicia para tramitar la solicitud de detención y extradición en contra de la pareja la cual fue dirigida a las autoridades chilenas.

Propiedades en zonas exclusivas

De acuerdo con los señalamientos de la Fiscalía, García García compró cinco propiedades por un valor estimado de $365,000 proveniente del desvío de fondos públicos entre los años 2010, 2011 y 2014. La institución concluyó que con los ingresos que el militar tenía [se estimaron en $52,000 en esos tres años] no podían garantizarle una vida de lujos, mucho menos para comprar propiedades en zonas residenciales.

Las investigaciones fiscales determinaron que los inmuebles estaban en zonas exclusivas como los condominios Miramar en San José Villanueva; y en el complejo residencial Los Sueños, municipio de Nuevo Cuscatlán, ambas de La Libertad, por la que habría pagado por el primero $141,000 y por el segundo $159,770.

Además, habría adquirido dos inmuebles más por un monto de $64,000; uno de ellos situado en Santa Tecla y otro más en la colonia Jardines de la Cima, en San Salvador. También le detectaron que adquirió una casa en la residencial San Gabriel, Apopa, por $70,000 la cual supuestamente donó a su padre, según la investigación. Las investigaciones indican que García era un prestanombre que ayudó a lavar parte del dinero que Funes se tomó del Estado.

Decomisos superaron los $23 millones

En abril de 2019, la Fiscalía confiscó 61 propiedades relacionadas con Funes, las cuales fueron compradas con fondos públicos. En esa ocasión se informó que fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio intervinieron empresas, locales comerciales, una hacienda, lo cual tiene un valor que superó los $23 millones. La Fiscalía localizó una casa en Chile en relación a este caso.

Las propiedades estaban a nombre de familiares y empleados de confianza de Funes, entre ellos figuraba Luis Miguel Ángel García García. Todos los bienes pasaron a ser propiedad del Estado administrados a través del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).

García forma parte de los militares cercanos a Funes que son vinculados en el desvío de fondos públicos como el piloto de la Fuerza Aérea Luis Alfredo Maida [quien también permanece prófugo] que «donó» al exmandatario 80 armas cada una por un valor simbólico de $1, pero que su precio real fue estimado en $215,000.

En contra de Maida la Fiscalía ha revelado que no pudo justificar un incremento patrimonial de hasta $60,084.84 en sus cuentas personales y también es acusado de lavado de dinero y de activos.

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